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¿Pueden limpiarse sus antecedentes penales?

Para todas las personas, la búsqueda laboral es un proceso complicado y puede serlo aún más si cuentas con antecedentes penales. A pesar de que estos antecedentes pueden cancelarse luego de cierto tiempo y no deberían ser utilizados de forma discriminatoria en los procesos de selección laborales, no siempre sucede esto en España.

Al cometer cualquier delito y recibir una sentencia firme, se obtiene un antecedente penal que queda inscripto en el Registro Central de Penados y Rebeldes en el Ministerio de Justicia. En esta constancia se pueden ver los datos personales del ciudadano, el delito por el que ha sido condenado y la duración de su pena.

Aunque a este documento sólo puede acceder el titular o los órganos oficiales del Gobierno con autorización, muchas veces es requerido por las empresas en el proceso de selección laboral para conocer más sobre sus candidatos, pero según la ley española no puede ser utilizado como causa de eliminación de la selección. Según el Código Penal este registro puede ser cancelado, y no se trata de un documento acumulativo, sino que brinda a las personas una segunda oportunidad.

Dentro del artículo 136 del Código Penal de España se establece que las personas tienen derecho a cancelar sus antecedentes penales una vez que se hayan cumplido los plazos establecidos, que varían según la gravedad de la pena. Este plazo comienza a computarse desde el día siguiente en que la pena queda extinguida y los plazos que establece el Código Penal son:

  • 6 meses para penas leves
  • 2 años para las penas que no superen los 12 meses y las relacionadas a delitos imprudentes.
  • 3 años para penas con un cumplimiento menor a 3 años.
  • 5 años para las penas iguales o mayores a 3 años.
  • 10 años para las penas graves.

¿Cómo influyen tus antecedentes penales en el mundo laboral?

Aunque tengas antecedentes penales, la ley española protege a los ciudadanos contra la discriminación en los ámbitos laborales. Según el artículo 14 de la Constitución Española, el artículo 4.2 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 73.2 de la Ley General Penitenciaria, se establece que no puede discriminarse a un trabajador por ningún motivo en un empleo o en la búsqueda del mismo.

Por otro lado, se establece que el acceso a los antecedentes personales es de carácter privado, al que sólo puede acceder el titular o distintos organismos estatales por un requerimiento específico. Un empleador sólo puede obtener un registro de antecedentes penales cuando sea aportado voluntariamente por el candidato.

A pesar de que es una práctica común en algunos puestos laborales, según la legislación española no pueden utilizarse estos antecedentes de forma perjudicial para el candidato, ya que estaría incumpliendo con el derecho a la intimidad y reinserción laboral de los penados. Existen excepciones a esta norma en la que ciertas empresas, debido a sus características y puesto laboral, son amparadas por la ley para hacer uso de los antecedentes penales en sus procesos de selección.

En Valls Guiu ponemos a tu disposición a los mejores profesionales de la abogacía que pueden ayudarte a lograr la cancelación de tus antecedentes penales y proteger tus derechos como ciudadano en el proceso laboral en caso de sufrir algún tipo de discriminación por tu historial penal.

Conoce tus derechos vacacionales como trabajador

Con la llegada del final del año, es normal que comencemos a pensar en los días de vacaciones que nos quedan para disfrutar en las fiestas o hacer un viaje en invierno, pero ¿conoces cuál es la regulación sobre las vacaciones en el territorio español?

Es necesario que conozcas en detalle esta regulación, para saber cuántos días te corresponden y así poder disfrutar plenamente de tus beneficios como empleado. A continuación, te explicamos la legislación vigente en nuestro país.

¿Cuál es la legislación sobre los días de vacaciones en España?

A través del artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores es que se regulan los días de vacaciones anuales que le corresponden a cada asalariado. En este artículo se establece en primer lugar que el período de vacaciones que le correspondan a cada empleado no pueden sustituirse por una compensación económica y que los días de vacaciones por año natural trabajado se determinan por cada contrato o convenio colectivo.

Sin embargo, la ley establece un mínimo de 30 días naturales por año que deben garantizarse a todos los empleados sin importar su jornada, por lo que este período es válido tanto para empleados de tiempo parcial o tiempo completo. En el artículo se define una excepción a la compensación económica por vacaciones, que sólo puede darse cuando el contrato laboral termina antes de poder disfrutar de los días proporcionales que le corresponden al empleado.

Al momento de comenzar a computar las vacaciones, estas nunca podrán comenzar en un día festivo o inhábil, sino que deben contarse a partir del primer día hábil que corresponda a las vacaciones. Por otro lado, aunque la ley establece un mínimo de 30 días naturales por año, cada empresa puede elegir si fijar las vacaciones en días naturales o días hábiles, siempre garantizando ese período mínimo.

¿Cuándo puedes disfrutar tus vacaciones?

Dentro del artículo 38 también se establece que la época en la que los empleados podrán disfrutar de sus vacaciones, que se debe establecer en común acuerdo entre la empresa y los trabajadores, elaborando así un calendario laboral anual de vacaciones. Si la empresa planifica los días, debe avisar al empleado las fechas que le corresponden al menos con dos meses de antelación.

En términos generales, el disfrute de los días de vacaciones debe realizarse dentro del año natural en el cual se generaron, venciendo el 31 de diciembre. Sin embargo, puedes llegar a un acuerdo con tu empleador, pero nunca la empresa puede exigirte que no tomes los días que te corresponden de ese año natural.

Por otro lado, nunca se deben considerar como días de vacaciones las bajas, ya sea por enfermedad o incapacidad temporal. En el caso de que estas licencias imposibilitaron el disfrute de las vacaciones en las fechas establecidas, los días no gozados pueden ser usados por el empleado en los siguientes 18 meses luego de terminado el año natural, única posibilidad en que los días de vacaciones no vencen según el artículo 38. En el caso de bajas por maternidad o paternidad, los días de vacaciones no tomados no tienen vencimiento.

A pesar de que existe una regulación vigente que determina los derechos vacacionales de los empleados en España, esta es muy escueta y da lugar a muchas disputas entre empresas y sus trabajadores. Puedes contar con la ayuda profesional de nuestro estudio de abogados Valls Guiu si crees que tu empleador no está respetando tu derecho a vacaciones pagas tal y como lo establece la ley.

¿Deberías optar por un acuerdo prematrimonial?

Conocido también como contrato prematrimonial, es un acuerdo que se realiza entre dos personas que van a contraer, o ya han contraído, matrimonio para regular su situación económica en caso de separación. Al contraer matrimonio, muchas responsabilidades y beneficios son adquiridos, y la pareja comienza a funcionar bajo el régimen económico ganancial.

En éste se establece que todos los bienes y ganancias obtenidos durante el matrimonio pasan a formar parte de la sociedad de gananciales y son compartidos por ambos cónyuges. Para modificar este régimen, en el territorio español puede optarse por celebrar un acuerdo prematrimonial.

Regulados dentro del Código Civil en el artículo 1325 y los que le siguen, este tipo de acuerdos recibe el nombre de Capitulaciones Matrimoniales. Aunque en general se utilizan para regular únicamente las características económicas que afectan a la pareja, también puede incluir otras cláusulas mientras no sean ilegales o limiten la igualdad de las partes.

¿Qué incluye un contrato de este tipo?

Este tipo de acuerdos es más habitual de lo que crees en España y a través de él se regulan las consecuencias de una separación o divorcio. Con un contrato prematrimonial, se pueden regular 3 regímenes avalados por el Registro Civil: gananciales, separación de bienes y de participación.

Como mencionamos anteriormente, si no se realiza ningún acuerdo en la pareja al contraer matrimonio se conformará un régimen ganancial, creando un patrimonio común. Esto puede establecerse de forma distinta, con los cónyuges aportando ganancias proporcionalmente a sus ingresos a una sociedad común, por ejemplo.

Otro factor que puede regularse es la separación de bienes, estableciendo si las propiedades de cada una de las partes serán privativas o gananciales. Y por último, puede modificarse la participación que cada cónyuge tenga sobre las ganancias obtenidas por el otro durante el tiempo de casados.

Además de pautas económicas, en estos contratos se pueden definir por ejemplo indemnizaciones por infidelidad, regular los regalos o donaciones por la boda, poner límites a la sociedad ganancial, garantizar pensiones o compensaciones en caso de separación, e incluso definir todo lo que concierne a los hijos, aunque es una práctica poco común.

A pesar de que en el contrato prematrimonial pueden incluirse cláusulas en relación a la guarda, custodia, régimen de visitas y pensión alimentaria, en España estas medidas no son habituales, ya que podrán ser revisadas por un Juzgado de Familia al afectar a menores.

Consigue un contrato prematrimonial

Aunque se lo llame “prematrimonial”, este es un acuerdo que puede celebrarse antes o después de formado el matrimonio. Si se realiza antes, el matrimonio deberá tener lugar en un período máximo de un año siguiente para que conserve su validez. Pero si se realiza después, puede hacerse en cualquier momento de la relación y modificarse cuantas veces se desee, con el acuerdo de ambos cónyuges.

Estos acuerdos, además de establecer una serie de normas que pueden proteger el patrimonio de ambos cónyuges, hacen que en caso de separación o divorcio el proceso sea mucho más sencillo, ya que las cláusulas económicas surten efecto inmediatamente, exceptuando en el caso de que afecte a menores.

Para celebrar un contrato prematrimonial, puedes contar con la asesoría de nuestro grupo de abogados experimentados, que te ayudarán a redactar un acuerdo que se adapte a las necesidades específicas de tu pareja. En estos acuerdos se deben incluir cláusulas aceptadas por la ley, debe ser aceptado por ambos cónyuges y ser celebrados fuera de un contexto de crisis personal, garantizando la buena fe del pacto.

Controla las retenciones del IRPF en tu nómina

Todos los meses puedes ver en tu nómina que hay una porción de dinero destinado al IRPF, pero ¿sabes exactamente lo que es y cómo se calcula? Las siglas corresponden a Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se trata de un impuesto que se paga en base a todas las rentas percibidas en ese año fiscal.

La renta de una persona no sólo está compuesta por su salario, sino que también incluye otras actividades económicas, ganancias patrimoniales, rendimientos de capital inmobiliario y otros ingresos de dinero en el año fiscal. Al final del año, puede que la suma que hayas pagado al IRPF supere o no el monto que te corresponde, por lo que debes conocer todos los factores que afectan este impuesto.

Este impuesto se cobra mediante una escala de porcentajes progresiva, que aumenta a medida que sube el valor de la renta anual percibida por una persona. En el porcentaje final que se paga, están incluidos los tipos estatal y autonómicos. A continuación podrás ver los porcentajes asociados según la totalidad de tu renta anual.

Base de renta anual Porcentaje total de retención
(tipo estatal + autonómico)
Hasta €12.450 19 %
De €12.451 a €20.200 24 %
De €20.201 a €35.20030 %
De €35.201 a €60.00037 %
Más de €60.00145 %

¿Qué factores pueden afectar el monto del IRPF?

Con esta tabla de porcentajes podemos ver de manera general el monto que debemos pagar cada año a Hacienda, aunque el cálculo del IRPF va mucho más allá de ello. Para determinar el porcentaje que corresponde pagar a cada ciudadano, el Gobierno toma como referencia la renta anual en bruto, las condiciones laborales, la situación familiar y otros factores.

En relación a la nómina, la empresa actúa como intermediario entre el empleado y el Gobierno, deduciendo una porción del salario para la Seguridad Social y otra para el IRPF, dejándote con tu salario neto mensual. Para calcular el porcentaje de IRPF que se deduce cada mes se tiene en cuenta el sueldo bruto anual, la cantidad de pagas, la categoría profesional, el convenio, el tipo de contrato y la edad del trabajador.

Por otro lado, la situación familiar de cada ciudadano también influye en el monto que se debe pagar por año fiscal, ya que se tiene en cuenta el tipo de familia y los ascendientes o descendientes a cargo. Entre los factores más comunes que pueden reducir el monto de IRPF están: ser familia mono parental, contar con una declaración conjunta de matrimonio, ser familia numerosa, tener hijos menores de 25 años a cargo, tener personas de entre 65 y 75 años a cargo, tener personas con discapacidad a cargo, entre otras situaciones particulares.

Calcula el porcentaje exacto de IRPF

Una de las formas más simples y precisas de conocer lo que debes pagar de IRPF en el año fiscal, es utilizar el simulador web de la Agencia Tributaria. Con esta herramienta online, se puede conocer el porcentaje de retención y el importe final que debes pagar según tu situación particular, teniendo en cuenta todos los factores que mencionamos.

Si tienes alguna duda sobre el monto que pagas de IRPF o si estás recibiendo las deducciones correctas, puedes ponerte en contacto con nuestro equipo de abogados en Vall Guiu que te ayudarán a calcular el monto exacto que deberías estar pagando cada año.

¿Cuáles son las diferencias entre una pareja de hecho y el matrimonio?

Si estás pensando en formar una familia, debes saber que hay dos opciones al momento de unión con tu pareja: matrimonio y pareja de hecho, pero ¿en qué se diferencian?

Desde un punto de vista legal, estas uniones no son equivalentes, e incluso el régimen de pareja de hecho es regulado de manera distinta en cada Comunidad Autónoma. Debes conocer los derechos y obligaciones de cada una, para elegir la unión que mejor se adapte a tu situación.

¿Cómo se define el matrimonio ante la ley?

En España, se define como una unión estable y permanente entre dos personas del mismo o diferente sexo, según el artículo 44 del Código Civil. Esta definición y sus derechos y obligaciones se mantienen iguales en todo el territorio español.

Esta unión se realiza en un Registro Civil, ante una autoridad competente y dos testigos, acreditando la capacidad matrimonial y expresando el consentimiento de ambas partes como establece el artículo 56 del Código Civil.

¿Qué es la pareja de hecho según la ley?

La unión de hecho o pareja de hecho se define como una unión libre, pública y estable de dos personas, independientemente de su sexo. El Tribunal Supremo agrega a la definición que estas dos personas deben mantener una afectividad análoga con el matrimonio.

En cada Comunidad Autónoma, se regulan las uniones de hecho con distintas leyes o decretos, variando sus derechos y obligaciones. Para registrar esta unión, la pareja debe presentarse ante un notario y queda inscripto el vínculo en el Registro de Parejas de Hecho.

Aspectos que comparten estos dos modelos de familia

Cualquiera de las dos uniones se basa en la voluntad de dos personas de compartir su vida juntos, pero difieren en algunos derechos y obligaciones que tienen como pareja. Primero, veremos cuáles son las similitudes entre estas dos uniones.

En lo relacionado a los hijos de la pareja y adopción, ambas uniones gozan de los mismos derechos y obligaciones. Los hijos siempre se encuentran protegidos por la ley, tanto si la pareja se mantiene o se separa.

Otro de los aspectos que se mantiene igual en ambas uniones es la pensión de viudedad, aunque en las uniones de hecho, se pide un mínimo de 5 años de convivencia y que la pareja haya sido registrada como mínimo a 2 años del fallecimiento de una de las partes.

Principales diferencias de estas dos uniones

Son mayores las diferencias que presentan estas dos maneras de formar una familia, en materia legal, fiscal, económica y sucesoria. Una de las mayores diferencias es que en las parejas de hecho, no se aplican el régimen de gananciales o separación de bienes que corresponden al matrimonio. Además, las parejas de hecho tampoco pueden tributar de manera conjunta del IRPF.

Si una de los cónyuges fallece, la situación dependerá de la regulación de cada Comunidad Autónoma, pero en general a la pareja de hecho no se le reconocen derechos sucesorios excepto que esté expresado en el testamento.

Difieren también las formas de terminar cada una de las uniones. En el matrimonio, se da por terminado cuando una de las partes fallece o por petición del divorcio por una de las partes. Por otro lado, las parejas de hecho pueden terminarse por 3 razones: fallecimiento de un cónyuge, común acuerdo, separación de hecho o si alguna de las partes contrae matrimonio.

¿Cuál es la mejor opción para ti y tu pareja?

Conociendo las similitudes y diferencias entre el matrimonio y la unión de hecho, tu y tu pareja pueden tomar una mejor decisión para comenzar una familia. Si tienes alguna duda sobre este u otros temas legales, en nuestro estudio encontrarás a los mejores abogados para asistirte.

Extinguir una deuda autónomos y particulares: pasos a seguir

¿Eres un pequeño empresario ahogado por las deudas y necesitas acceder a la ley de segunda oportunidad en personas físicas pero no sabes por dónde empezar? Este post tiene como objetivo orientarte sobre cómo hacerlo.

El Gobierno aprobó el 27 de febrero un decreto que incorpora a la Ley Concursal un mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social. Esta medida aporta como principal novedad que las personas físicas (particulares y autónomos) puedan acceder a los acuerdos extrajudiciales de pagos como hasta ahora podían hacer las empresas antes de llegar al concurso de acreedores, algo que ya se puede hacer en países como Francia y Estados Unidos desde hace años.

Es esta posibilidad de llegar a acuerdos extrajudiciales (generalmente para evitar perder la vivienda habitual hipotecada) la principal novedad, ya que, si consideraban que no podían pagar sus deudas, autónomos y particulares ya podían solicitar el concurso de acreedores.

Este mecanismo de segunda oportunidad incluido en la Ley Concursal permite intentar negociar con tus acreedores y, si no llegas a un acuerdo, pedir el concurso de acreedores y exoneración de tus deudas insatisfechas demostrando que no tienes activos con los que pagar. Esto beneficia especialmente a aquellos que teman perder su vivienda familiar habitual, ya que pasa a ser considerada, cumpliendo ciertos requisitos, bien inembargable.

Pasos para solicitar el acuerdo extrajudicial de pagos

Entonces, ¿por dónde empezar? Lo más recomendable es ponerse en manos de un abogado que te asesore, ya que tendrás más probabilidades de conseguir un acuerdo (convenio) con los acreedores. Para solicitar un acuerdo extrajudicial de pagos para extinguir una deuda, autónomos o particulares deben seguir estos pasos:

1. Solicitar el nombramiento de un mediador concursal

Debes rellenar una instancia en la que tienes que indicar el efectivo y los activos líquidos de que dispones, así como bienes y derechos de los que seas titular, y los ingresos que prevés que tendrás de forma regular a partir de ese momento. También deberás presentar una lista con tus acreedores donde figure lo que debes a cada uno y cuando vencen los créditos que tienes con ellos. Si estás casado/a, debes indicar la identidad de tu cónyuge y el régimen económico del matrimonio. Si te casaste en Cataluña seguramente tu matrimonio se habrá regido por la separación de bienes, de manera que no hará falta este apartado. La designación del mediador concursal debes solicitarla al notario de tu domicilio.

2. Nombramiento del mediador concursal

El notario nombrará al mediador concursal y lo comunicará a Hacienda, a la Seguridad Social, al Registro Civil y al juez competente. Una vez el mediador acepte el cargo, facilitará un email a efectos de comunicaciones con los acreedores.

3. Convocatoria a una reunión con los acreedores

El mediador concursal comprobará en los diez días siguientes a la aceptación del cargo a cuánto ascienden las deudas y convocará una reunión a tres bandas contigo y con los acreedores. Una acción para corroborar el posible estado en bancarrota y/o quiebra. Esta reunión se celebrará dentro de los dos meses siguientes y se notificará mediante notario, burofax o cualquier otro medio que garantice la recepción de la convocatoria. En esta notificación constará la fecha, hora y lugar de la reunión, la identidad de cada uno de los acreedores convocados y la cuantía y los detalles de cada deuda. Los acreedores que quieran intervenir en el acuerdo extrajudicial lo comunicarán expresamente al mediador en el plazo de un mes de haber recibido la convocatoria a la reunión.

4. Inicio del expediente

Una vez solicitada la apertura del expediente, podrás continuar con tu actividad laboral, empresarial o profesional, pero no podrás pedir préstamos o créditos, y deberás devolver las tarjetas de crédito a tu entidad bancaria. Tampoco se podrá iniciar o continuar una ejecución sobre tu patrimonio (incluida tu vivienda habitual) mientras se negocia el acuerdo extrajudicial hasta un plazo máximo de tres meses, con la excepción de los créditos con garantía real, cuya decisión dependerá del acreedor, que, de iniciarla, no podrá participar en el acuerdo extrajudicial de pagos. Es decir, no podrá participar en los acuerdos fuera de un despacho jurídico.

5. El plan de pagos

Tu mediador concursal remitirá a tus acreedores el plan de pagos de las deudas a fecha de la solicitud, en el que la moratoria será de tres años como máximo, y que podrá incluir una quita de hasta el 25% del importe de los créditos. También podrá proponer la cesión de bienes de tu propiedad a los acreedores en pago de tus deudas. El plan de pagos irá acompañado de un plan de viabilidad, una propuesta de cumplimiento de tus obligaciones, incluyendo una cantidad mínima que asegure tu subsistencia y la de tu familia y la de la actividad que ésta desarrolle y una propuesta de negociación de las condiciones de tus préstamos. A la vez, tus acreedores podrán presentar propuestas alternativas en los siguientes diez días, durante los cuales se pueden hacer más modificaciones. Transcurrido ese plazo el mediador les presentará el plan de pagos final que hayas aceptado. En el caso de que tus acreedores principales (los que corresponden el grueso de tu deuda) quisieran interrumpir la negociación, deberás solicitar de inmediato el concurso de acreedores.

6. La reunión de los acreedores

Los acreedores convocados tienen que asistir a la reunión, a no ser que hayan manifestado su aprobación u oposición al plan de pagos dentro de los diez días naturales anteriores a la reunión en los que se pueden hacer modificaciones en el plan de pagos y de viabilidad por parte de las dos partes.

7. Acuerdo extrajudicial de pagos

Para que el plan de pagos se considere aceptado, deberán votar a favor los acreedores titulares de, al menos, el 60% de tu deuda. En caso de que el plan consista en la cesión de tus bienes en pago de tus deudas, deberán aprobarlo los acreedores que representen el 75% de lo que debes. En caso de plan aprobado por tus acreedores: el acuerdo se elevará a escritura pública inmediatamente. Se cerrará el expediente que el notario hubiera abierto y se publicará la existencia del acuerdo en el BOE y en el Registro Público Concursal por medio de un anuncio que contendrá tus datos identificativos. En caso de plan rechazado por tus acreedores: el mediador concursal solicitará inmediatamente al juez competente que declare el concurso de acreedores.

8. Concurso de acreedores

Si a pesar de la labor del mediador no se alcanza ningún acuerdo con los acreedores, puedes declararte en concurso de acreedores. La nueva ley de 2015 aporta un cambio en este sentido, ya que podrás acudir a un juzgado de primera instancia para hacerlo (juzgado civil), que en teoría acelerará los plazos, y no a un juzgado de lo mercantil como hasta ahora. En estos casos, siempre podrás pedir asesoría y contratar a especialistas abogados en bancarrota y/o un despacho de abogados experto en quiebra.

La pensión de incapacidad: definición y requisitos

“¿Puedo pedir una pensión de incapacidad?”. Para un abogado esta es una de las peticiones más complejas que le puede plantear un cliente. Se trata de un tema no exento de polémica y cuya tramitación suele convertirse en un proceso dificultoso si no se pone en buenas manos.

¿Qué es exactamente?

Empecemos por lo esencial: Una pensión de incapacidad es una prestación en forma de ayuda económica que se le reconoce a una persona cuando, después de haber sido dado de alta médica o haber agotado el período de baja médica, presenta una serie de problemas físicos o psíquicos que disminuyen o anulan su capacidad para poder seguir trabajando.

El procedimiento para pedir una pensión acostumbra a ser un proceso largo y tedioso aunque con el asesoramiento de un buen despacho de abogados estos trámites pueden acabar por resolverse de forma ágil (siempre y cuando el solicitante cumpla con todos los requisitos).

¿Qué trámites debemos realizar para obtener una pensión de incapacidad?

Existen varias formas para iniciar el proceso de obtención de una pensión de incapacidad. El procedimiento se puede iniciar de oficio a petición de una inspección laboral o del Servicio Publico de Salud.

Esta solicitud, de todas formas, normalmente se inicia a petición del interesado, que tendrá que cumplimentar el modelo de solicitud de incapacidad permanente y la documentación personal y específica que se indica en dicho documento.

Durante la fase de instrucción se podrá solicitar cuanta documentación y pruebas médicas se estimen necesarias.

En este link podrá encontrar el Modelo de Solicitud de una Incapacidad Permanente, el documento que se necesita cumplimentar para solicitar la pensión.

Tipos y requisitos:

Existen tres tipos de incapacidad permanente: incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total e incapacidad permanente absoluta. Cada uno de estos tipos de incapacidad requiere cumplir los siguientes requisitos.

Incapacidad permanente parcial: La persona que la va a recibir debe encontrarse dada de alta en la Seguridad Social cuando se produzca el hecho causante. Si la incapacidad deriva de enfermedad común deberá haber cotizado 1.800 días en los diez años anteriores a la fecha en que se haya terminado la incapacidad temporal, de la que deriva la incapacidad permanente.

Incapacidad permanente total: La persona que la va a recibir debe encontrarse dada de alta cuando se produzca el hecho causante. Si la incapacidad deriva de enfermedad común se exigirá acreditar un periodo mínimo de cotización que variará en función de si la edad es mayor o menor de los 26 años. Si la incapacidad permanente es debida a accidente no se exigirá período de cotización.

Incapacidad permanente absoluta: No es necesario que la persona que la va a recibir se encuentre dada de alta en el momento del hecho causante. En el caso que la incapacidad derive de una situación de no alta, se requerirá un período de cotización genérico de 15 años, 3 de los cuales han de estar comprendidos dentro de los 10 años inmediatamente anteriores a producirse el hecho causante. Este período de cotización no será exigible cuando la incapacidad derive de accidente de trabajo o enfermedad profesional y en esta situación la prestación será del 100% de la base reguladora.

Una petición no exenta de polémica

Lo primero que hemos de tener claro para solicitar una pensión de incapacidad es que debemos certificar una discapacidad que no nos permita seguir trabajando. Existen multitud de casos en los cuales se ha intentado defraudar a la seguridad social mediante la solicitud de pensiones de incapacidad falsas. Uno de los casos más mediáticos tuvo lugar hace 4 años cuando la suegra del torero Jesulín de Ubrique fue acusada de beneficiarse de una pensión fraudulenta en una trama fraudulenta que se acabó conociendo como ‘Operación Karlos’. La solicitud de pensiones de incapacidad de forma fraudulenta es un procedimiento rutinario de algunas tramas delictivas en su afán por estafar al estado.

Una “pensión de discapacidad” no existe, siempre debemos hablar de pensión de incapacidad

Técnicamente el concepto “pensión de discapacidad” está mal empleado. En términos jurídicos el término “pensión de discapacidad” no es válido puesto que la palabra discapacidad se refiere a una minusvalía física o psíquica mediante la cual una persona puede acabar pidiendo una pensión de incapacidad. Incapacidad es, por lo tanto, el nombre jurídico que sirve para definir quien puede obtener una pensión de incapacidad.

Valls Guiu, el mejor asesoramiento en pensiones de incapacidad

La mejor herramienta a la hora de solicitar una pensión de incapacidad es ponerse en manos de un buen abogado. En Valls Guiu abogados somos especialistas en llevar casos de personas discapacitadas que tengan que solicitar pensiones de incapacidad, eso sí, siempre y cuando el solicitante cumpla con todos los requisitos exigidos por la ley.

¿Cómo actuar ante un accidente de tráfico?

En primer lugar, si se ve involucrado en un accidente de tráfico como conductor, una vez superado el sobresalto inicial, trate de alcanzar un acuerdo con el otro conductor implicado para cumplimentar “el parte amistoso de accidente” que facilitan las compañías de seguros.

En este documento se consignan los datos de las partes, del vehículo y de los respectivos seguros de accidente, así como los daños que ha sufrido cada vehículo y las lesiones producidas, tanto las suyas como las del resto de ocupantes debiendo ser firmado por los conductores afectados por el accidente. Serán las compañías de seguros las que se encarguen de la reparación de los daños que, en su caso, hayan podido sufrir los vehículos.